El Ayuntamiento de Telde se adhiere al convenio para reforzar la protección de los deudores hipotecarios

El Concejal de Obras Públicas y Vivienda, Ignacio Serrano, ha confirmado la realización de las gestiones pertinentes para formalizar la adhesión del Ayuntamiento de Telde al convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas, en virtud de ampliar las medidas puestas en marcha a través de la encomienda de vivienda a la empresa municipal de Vivienda y Suelo, Fomentas, para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.

Asimismo, a través del convenio diferentes entidades de crédito pondrán a disposición para su arrendamiento, un paquete de viviendas dentro del Municipio que serán ofrecidas a personas que, habiendo sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario, se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.

En dicho acuerdo participan el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector, el Banco de España, la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Asociación Hipotecaria Española (AHE) y representantes de 33 entidades de crédito.

Serrano explicó que las entidades de crédito valorarán la prioridad de las solicitudes en base a los informes redactados por las trabajadoras sociales de Fomentas, los cuales determinarán las circunstancias específicas de las familias solicitantes en función de la concurrencia de circunstancias tales como el número de hijos menores de tres años, número de hijos menores de edad, número de personas con discapacidad, dependencia, situación de desempleo y que hayan agotado sus prestaciones sociales, presencia de víctimas de violencia de género, disponibilidad de viviendas adecuadas en el municipio de residencia y otros análogos.

El edil recordó que desde Fomentas se viene prestando desde Diciembre del pasado año un servicio de asesoramiento jurídico gratuito en materia de desahucios al objeto conseguir, entre otras cosas, en virtud del propio Decreto ley de medidas urgentes, la suspensión inmediata y por un plazo de dos años los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.